Cencosud y el directorio

El buen funcionamiento del mercado de valores es clave para la confianza de los inversionistas y para la legitimidad de la economía de mercado. Por ello, una regulación eficiente y efectiva resulta fundamental, y Chile ha venido desarrollando desde 1981 una institucionalidad robusta para estos efectos. En estas más de cuatro décadas hay principios que han permanecido en el tiempo, junto con modificaciones relevantes impulsadas a propósito de los vacíos detectados y de la evolución del mercado. Las compañías también han entendido los desafíos y aprendido que la proactividad es indispensable para asegurar las confianzas que se requieren en sus operaciones. 

Finalmente, ellas son tanto o más responsables de que el mercado de valores tenga la credibilidad que demanda una economía moderna y dinámica. 

Por eso, sorprende la actuación de una compañía tan relevante como Cencosud S.A. a propósito de la decisión de la Comisión del Mercado Financiero de multar por UF 15 mil a su máximo ejecutivo por el eventual uso de información privilegiada. En situaciones como esta cabía esperar una actitud decidida del directorio para evitar un daño reputacional y despejar toda conjetura. Por supuesto, eso no significa poner en duda la presunción de inocencia y el derecho a defensa de su máximo ejecutivo, bienes fundamentales para la vida en común. 

Sin embargo, su obligación era aislar a la compañía de eventuales impactos negativos. Finalmente, después de presiones formales e informales del mercado, se materializó la renuncia. La impresión que inevitablemente queda es la de que el directorio no supo lidiar apropiadamente con un hecho que es complejo, dada la naturaleza de los diversos aspectos en juego —entre otros, la valiosa trayectoria del ejecutivo—, pero que no podía terminar en otro escenario que el efectivamente materializado. 

La situación revela también que, a pesar de las lecciones que han dejado distintos episodios en los que la confianza en el mercado pudo haberse lesionado, los directorios no siempre entienden las repercusiones que pueden tener las actuaciones de sus ejecutivos. Con todo, es interesante que en el debate surgido se haya conocido la práctica de diversos ejecutivos de no invertir en las compañías en las que trabajan para evitar riesgos para ellas y para sí mismos; por supuesto, ello no significa que las propias compañías no puedan remunerarlos con opciones para adquirir acciones de las empresas. 

En cuanto a este caso, la aparente incomprensión de los directorios respecto de lo que está en juego también se reflejó en la inicial decisión de nombrar interinamente a su presidenta en el cargo ejecutivo máximo, algo que no solo está prohibido en la legislación chilena, sino que es una errada práctica, porque genera un evidente conflicto de interés entre los roles supervisores y de administración. 

Como se ve, este episodio deja nuevas lecciones que han de obligar a muchas compañías a revisar sus prácticas de gobierno corporativo.