Gobierno de empresas del Estado en Latinoamérica: el caso de ENAP
Mientras ENAP, empresa eminentemente refinadora de petróleo perteneciente al Estado de Chile, ha decidido ser un actor en el mercado del gas licuado domiciliario, crece la polémica de lo pertinente de este rol en una economía e industria que ha privilegiado a los privados.
Más allá del fallido plan piloto de gas licuado de la empresa, parece imperioso corregir su gobierno corporativo con el fin de evitar conductas que la alejen de prácticas compatibles con el rol subsidiario del Estado y de fortalecer su incorporación como fair play y en igualdad de condiciones, a un mercado competitivo, cuestión que puso en duda en su momento la autoridad antimonopolios.
El gobierno corporativo de ENAP, al igual del que tiene la mayor empresa del Estado de Chile, Codelco, ha demostrado un comportamiento poco satisfactorio y obedece en buena medida a la dependencia factual de su board al Gobierno de turno. El nombramiento de su board -como las de todas las empresas del Estado de Chile- debiera corresponder a un órgano técnico, políticamente transversal que tenga una visión corporativa sustentable y de largo plazo, ajeno a presiones político-partidistas. El board de ENAP debiera tener el poder de ejercer sus funciones con total autonomía e independencia del gobierno y actuar según las buenas prácticas que se exige a las empresas privadas abiertas en bolsa o a la mayoría de las empresas estatales de países pertenecientes a la OECD.
En el año 2008, la entonces presidenta Bachelet anunció una nueva ley para las empresas del Estado, la que tenía como contexto un requisito para acceder a la OECD y que, pasado muchos años y varias otras iniciativas similares de sus sucesores, aun descansa en el Congreso. Ojalá que el actual Gobierno del Presidente Boric aprovechara la oportunidad de impulsar un nuevo proyecto potenciado cuyo objetivo sea generar un cambio estructural que permita mirar con mayor tranquilidad el gobierno corporativo para ENAP, Codelco y las demás empresas del Estado de Chile y, de paso, ayudar a cambiar las expectativas del mercado respecto a los riesgos populistas que se perciben.